DecretoNU 376/20 - Ampliación Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción

Entrando en Contexto: El Decreto 332/20, modificado posteriormente por el Dec. 347/20, estableció el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para actividades afectadas por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el impacto en la actividad productiva se ha profundizado por las sucesivas prórrogas de la cuarentena.

Por otra parte, la Ley 25300 creó el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME), que posteriormente se renombro por “Fondo de Garantías Argentino” (FoGAR).

Este Fondo originalmente se encargaba de otorgar garantías, en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y de ofrecer garantías a las entidades financieras acreedoras de las MiPyMEs y otras formas asociativas alcanzadas.

Posteriormente se habilitó que pudiera otorgar garantías indirectas y se ampliaron sus objetivos con el fin de facilitar las condiciones de acceso al financiamiento de quienes desarrollan actividades económicas y productivas en nuestro país.

La modificación de la Ley 25300 estableció los recursos que integrarán el patrimonio del FoGAR, habilitándolo expresamente a emitir Valores Representativos de Deuda y a recibir los aportes solidarios contemplados en regímenes específicos, y también a constituir Fondos de Afectación Específica.

Finalmente, el Decreto 606/14 creó el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR), luego renombrado a “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP), con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales.

Decreto en Cuestión: Considerando todo lo citado resulta pertinente ampliar los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Beneficios:

1) Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020.

El beneficio de la reducción será establecido en función de los parámetros a dictarse según los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto.

2) Salario Complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

El monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior al SMVM, ni superar dos SMVM, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.

3) Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos con subsidio del 100% del costo financiero total.

El Crédito será para aquellos contribuyentes que se ajusten a las situaciones que se definan de acuerdo con el artículo 5° del Decreto.

Consistirá en una financiación a ser acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario en los términos que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

El monto de la financiación no podrá exceder:

• La cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
• Un límite máximo de $ 150.000.

El financiamiento será desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas. A cada cuota se adicionará el monto equivalente al pago de las sumas totales que deben abonar por los períodos mensuales resultantes, en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales.

La bonificación del 100% de la tasa estará a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

El Fondo de Garantías Argentina (FoGAR) podrá avalar hasta el 100% de los Créditos a Tasa Cero sin exigir contragarantías.

4) Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo de acuerdo con lo previsto por el artículo 10 del Decreto 332/20.

Los montos de las prestaciones económicas por desempleo se elevarán a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.

Ampliación del Sujetos Contemplados:

Los sujetos podrán acogerse a los beneficios en la medida en que den cumplimiento con uno o varios de los siguientes criterios:

• Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.
• Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19.
• Sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.

Extensión del Plazo de Vigencia:

Para las actividades, empresas y trabajadores independientes que siguieran afectados aun cuando la cuarentena haya concluido, los beneficios podrán extenderse hasta el mes de octubre de 2020 inclusive.

DNU 367/20 – Cobertura de ART frente al Coronavirus como Enfermedad Laboral

Entrando en Contexto: El Decreto 297 del 19 de Marzo de 2020 prevé las situaciones especiales de las personas afectadas al cumplimiento laboral de las actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto desempeño de dichas actividades y servicios.

Posteriormente, las Decisiones Administrativas incorporaron nuevas actividades y servicios declarados esenciales.

El FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES se creó con el fin de asistir al Sistema de Riesgos del Trabajo frente a la necesidad de brindar cobertura a específicas enfermedades profesionales que podrían resultar de alto impacto económico.

Este Fondo es administrado por cada una de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y se financia, entre otras fuentes, mediante una porción de las alícuotas de afiliación percibidas.

Por su parte, la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) a determinado que las patologías contraídas por exposición en el trabajo al coronavirus podrían considerarse como enfermedades profesionales.

Decreto en Cuestión: Teniendo todo esto en cuenta, el Gobierno Nacional estima necesario implementar políticas laborales y de seguridad social referente a los trabajadores con riesgo de exposición al coronavirus en el desempeño de su desempeño laboral, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria prevista en el Decreto 260/20.

Desde la publicación de este DNU, la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada-, respecto de los trabajadores dependientes excluidos de la cuarentena y que realizan actividades declaradas esenciales.

Denuncia de Síntomas: Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura referente a la enfermedad COVID-19 y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral junto al diagnóstico confirmado emitido por entidad autorizada, el trabajador reciba las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557.

Confirmación de Enfermedad Profesional: La determinación definitiva del carácter profesional de la patología quedará a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) que establecerá la relación de causalidad directa de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado.

La COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el mismo establecimiento laboral o en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas laborales.

Trabajadores de la Salud: En el caso de los trabajadores de la salud, se considerará que la enfermedad COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre lo contrario en un caso concreto.

Vigencia: Los términos de este DNU tendrán vigencia hasta los 60 días posteriores a la finalización de la emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.

El financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas será imputado totalmente al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, hasta 60 días después de finalizado el plazo de cuarentena.

La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) dictaran las normas complementarias y aclaratorias que establecerán las condiciones y modalidades para acceder al reintegro, por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, de las erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo previsto y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al 10% de los recursos del Fondo, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

RG 4693/20 – Contribuciones Patronales SIPA. Prorroga de vencimiento período marzo de 2020

Entrando en Contexto: El DNU 332/20 creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (PAETP), que incluye un conjunto de beneficios, entre los cuales está la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales para las actividades económicamente afectadas.

Posteriormente, el DNU 347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para dictaminar sobre la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en el Régimen.

Resolución en cuestión: En base todo esto, la AFIP creo el aplicativo “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”.

Este aplicativo esta destinado a todos los empleadores que puedan acceder a los beneficios previstos en el Decreto 332/20.

Requisitos: Los empleadores deberán:

1. Registrarse en el aplicativo “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” entre los días 9 y 15 de abril de 2020, ambos inclusive.
2. Suministrar aquella información económica requerida por el Sistema, entre los días 13 y 15 de abril de 2020, ambos inclusive, a efectos de evaluar la procedencia de los beneficios adicionales previstos por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Postergación Vto. De Pago: Los sujetos cuya actividad principal cumplan con los requisitos, gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino del período devengado marzo de 2020.

El nuevo vencimiento del pago será según el siguiente cronograma:

Postergación Vto. General de Presentación y Pago: Se prorroga el vencimiento general de presentación y pago para todos los empleadores, conforme el siguiente cronograma:

Sin embargo, recalcamos el hecho de que aquellos contribuyentes alcanzados por el beneficio de postergación deben ingresar el pago de las contribuciones patronales según el vencimiento fijado por el beneficio.

Sistema Registral: Los sujetos alcanzados por el beneficio serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “460 - Beneficio Dto. 332/2020”.

Decreto NU 347/2020 - Ampliación Alcances del Dec. 332/20. PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO

Entrando en Contexto: El Decreto 332/20 creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la cuarentena.

La norma estableció aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales se encuentran excluidos de los beneficios.

Sin embargo, existen Actividades que, entrando en la categoría de esenciales, pueden haber tenido un alto impacto negativo en su desarrollo económico.

Decreto en Cuestión: El PEN considera procedente crear un COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

Funciones:

1. Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios.
2. Dictaminar respecto de la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en el Régimen.
3. Dictaminar respecto de los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión en el Régimen.
4. Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Régimen.

Modificación de Exclusiones: Se siguen excluyendo de los beneficios a los sujetos que realizan actividades y servicios declarados esenciales y cuyo personal haya sido exceptuado de la Cuarentena.

Sin embargo, en caso de circunstancias especiales que hubieran provocado alto impacto negativo en el desarrollo de la actividad, se podrá presentar la solicitud para ser alcanzados por los beneficios ante el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.

DNU 332/20 - PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

Entrando en Contexto: A raíz de la situación de emergencia, el Gobierno busca, no solo adoptar medidas de protección de la salud pública, sino también otras que buscan disminuir el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo.

Por este motivo, dispone reducir o postergar el pago de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino del personal que desarrolla tareas en actividades afectadas.

Decreto en Cuestión: El presente Decreto crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.

Este Programa consiste de una serie de Beneficios:

1. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
2. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación de CCT, para empresas de hasta 100 trabajadores.
3. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación de CCT, en empleadores que superen los 100 trabajadores.
4. Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el presente Decreto.

Requisitos: 

• Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.
• Cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID 19, en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19.
• Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

Excluidos:

• Sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento de la cuarentena.
• Sujetos que realizan las actividades y servicios que, sin encontrarse expresamente estipulados, no muestren indicios de disminución representativa de su nivel de actividad.

1.      Beneficios en materia de las obligaciones emanadas del Sistema de Seguridad Social:

Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Reducción de hasta el 95 % de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020.

El beneficio será para empleadores:

·        Cuyo número total de trabajadores, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de 60.

·        Cuya plantilla de personal en relación de dependencia supere dicha cantidad, pero promuevan el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas.

La AFIP dispondrá de vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril, y facilidades para el pago de las mismas.

2.      Asignación Compensatoria al Salario: Consistirá en una suma abonada por el ANSES.

El monto de la asignación se determinará de acuerdo a los siguientes parámetros:

• Los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100% del salario bruto, con un valor máximo de un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
• Los empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% del salario bruto, con un valor máximo de hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
• Los empleadores de 61 a 100 trabajadores: 100% del salario bruto, con un valor máximo de hasta un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado. Los empleadores deben abonar el saldo restante de las mismas.

El saldo se considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales.

El empleador deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).

En los casos de suspensión de la prestación laboral, el monto de la asignación se reducirá en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

3.      Programa REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Consistirá en una asignación no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino a trabajadoras y trabajadores, para empresas no incluidas en la Asignación Compensatoria al Salario, y que cumplan con los requisitos establecidos y no sean excluidos.

La prestación por trabajador tendrá un mínimo de $6.000.- y un máximo de $10.000.-.

A efectos de determinar el monto especifico, la Autoridad de Aplicación constituirá un nuevo Programa de Recuperación Productiva diferenciado y simplificado.

4.      Sistema integral de prestaciones por desempleo: Se elevarán, durante el periodo que establezca la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000.- y un máximo de $10.000.-.

Presentación de Información: Los empleadores alcanzados por los beneficios deberán acreditar ante la AFIP la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas.

De forma posterior, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:

1. Considerará la información y documentación remitidas por la empresa.
2. Podrá relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o verificar los aportados inicialmente y solicitar la documentación que estime necesaria.
3. Podrá disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, a efectos de ratificar y/o rectificar conclusiones.

Vigencia: La Resolución 296/20 estableció la vigencia de estas medidas por el plazo que dure la extensión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

DNU 320/2020 – Alquileres.

Entrando en Contexto: El Gobierno Nacional considera que la emergencia actual, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones estipuladas en los contratos.

Además, muchos trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda.

Ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen.

Asimismo, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras, con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole.

En estos casos, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución.

En base a todo esto, el PEN considera que las medidas adoptadas por el presente Decreto son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social.

Decreto en Cuestión:

SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Se suspende, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los siguientes contratos de locación:

1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural.
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares.
3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.
4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.
6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.
7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.
8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

Esto será de aplicación siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere.

Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

También quedan suspendidos los plazos de prescripción en los procesos de ejecución de sentencia respectivos.

PRÓRROGA DE CONTRATOS: Se prorroga, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles enumerados anteriormente cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere; y para los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes del 30 de septiembre de este año.

La parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este inciso.

El ejercicio de cualquiera de estas opciones deberá notificarse en forma fehaciente a la parte locadora con antelación suficiente que deberá ser, por lo menos, de 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento pactada, si ello fuere posible.

En todos los casos, la extensión del plazo contractual implicará la prórroga, por el mismo período, de las obligaciones de la parte fiadora.

CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Se dispone, hasta el 30 de septiembre del año en curso, el congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación establecidos.

Durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo del corriente año.

La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato.

Las demás prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la parte locataria se regirán conforme lo acordado por las partes.

SUBSISTENCIA DE FIANZA: No resultarán de aplicación, hasta el 30 de septiembre del año en curso o hasta que venza la prórroga opcional prevista, el artículo 1225 del Código Civil y Comercial de la Nación ni las causales de extinción previstas en los incisos b) y d) del artículo 1596 del Código Civil y Comercial de la Nación.

DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: La diferencia que resultare entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar, deberá será abonada por la parte locataria en: Al menos 3 cuotas y Máximo 6 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contractualmente corresponda al mes de octubre del corriente año, y junto con este. Las restantes cuotas vencerán en el mismo día de los meses consecutivos.

Este procedimiento para el pago en cuotas de las diferencias resultantes será de aplicación aun cuando hubiere operado el vencimiento del contrato.

No podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo.

DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de septiembre del año en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en las mismas condiciones que las deudas por diferencia de precio.

En estos casos podrán aplicarse intereses compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días, que paga el Banco de la Nación Argentina.

No podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta la total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo.

Durante el período previsto en el primer párrafo del presente artículo no será de aplicación el inciso c) del artículo 1219 del Código Civil y Comercial de la Nación.

BANCARIZACIÓN: La parte locadora, dentro de los 20 días de entrada en vigencia del Decreto, deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada.

EXCEPCIÓN – VULNERABILIDAD DEL LOCADOR: Quedan excluidos del congelamiento de precios, los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos.

EXCLUSIÓN: Quedan excluidos del presente decreto los contratos de arrendamiento y aparcería rural contemplados en la Ley 13246 con las excepciones previstas en el artículo 9° inciso 4, y los contratos de locación temporarios previstos en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Se suspende por el plazo de 1 año, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la aplicación del artículo 6° de la Ley N° 26.589, para los procesos de ejecución y desalojos regulados en este decreto.

PRORROGA: Se Faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar los plazos previstos en el Decreto.

DNU 316/2020 – Moratoria. Prorroga de Plazo.

Entrando en Contexto: La Ley 27541 estableció un Régimen de Regularización de Deudas Tributarias, de los Recursos de la Seguridad Social y Aduaneras y de Condonación de Intereses, Multas y demás Sanciones para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas y Entidades Civiles Sin Fines de Lucro, por obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019, inclusive, o infracciones relacionadas con estas.

El último párrafo del Artículo 8 de la dispuso que el acogimiento al Régimen podría formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de su reglamentación en el BOLETÍN OFICIAL hasta el 30 de abril de 2020, inclusive.

Decreto en Cuestión: El Estado Nacional considera que las medidas adoptadas desde la aparición de la pandemia han repercutido en la economía, dado que muchas de las actividades que realizan los sujetos alcanzados por el Régimen de Regularización referido se han visto restringidas.

Con el propósito de asegurar que la adhesión al régimen no se vea afectada se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización.

La COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tendrá competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez del DNU, así como para elevar el dictamen pertinente al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

La AFIP dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria para instrumentar lo dispuesto.

Decreto 309/2020 - Subsidio Extraordinario De $ 3.000 Para Jubilados Y Pensionados Y Asignaciones Universales

Decreto en Cuestión: Se establece la entrega de un subsidio extraordinario por un monto máximo $3.000, que se abonará por única vez en el mes de abril de 2020.

El subsidio será otorgado a:

·        Jubilados beneficiarios y beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).

·        Los beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

·        Los beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más,

·        Demás pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

El subsidio extraordinario será abonado a quienes perciban un único beneficio y este se encuentre en curso de pago en el mismo mensual en que se liquidará dicho subsidio.

Tope del Subsidio:

·        Titulares que perciben hasta el haber mínimo: el subsidio extraordinario será equivalente a $3.000.

·        Titulares que perciban un haber superior al mínimo: el subsidio será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $18.891,49.

Coparticipes de Pensión:  En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al subsidio.

Cada copartícipe recibirá idéntica proporción que aquella con la que se liquida su beneficio.

Retiros y Pensiones de las fuerzas policiales o del Servicio Penitenciario: Los subsidios extraordinarios no alcanzan a estos Regímenes , en las provincias cuyos sistemas de previsión fueron transferidos al ESTADO NACIONAL cuando fuere su único beneficio.

Decreto 310/20 - INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Decreto en Cuestión: Se establece una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional para las personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria.

La prestación por este “Ingreso Familiar de Emergencia” será de $10.000.

Solo lo percibirá 1 integrante del grupo familiar y se abonará por única vez en el mes de abril del corriente año.

El “Bono” será otorgado a:

• Personas que se encuentren desocupadas;
• Personas que se desempeñen en la economía informal;
• Monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”
• Monotributistas sociales
• Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Requisitos:

·        Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a DOS (2) años.

•     Tener entre 18 y 65 años de edad.
•         No percibir el solicitante o algún miembro de su grupo familiar ingresos por:

o   Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

o   Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos.

o   Prestación por desempleo.

o   Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

o   Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.

Solicitud:

Deberá ser solicitado ante la ANSES. Los datos consignados en la solicitud tendrán carácter de Declaración Jurada por parte del solicitante.

ANSES, en forma previa al otorgamiento de la prestación, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar.

Decreto 298/20 - Suspensión de plazos administrativos

Entrando en Cuestión: Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549, así como el Reglamento de Procedimientos Administrativos, establecen determinados plazos para los diferentes procedimientos administrativos.

Teniendo esto en cuenta, Se considera necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24156, a disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a los trámites administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos ámbitos.

Decreto en Cuestión: Por todo esto, es imperioso suspender los plazos dentro de los procedimientos administrativos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos y demás procedimientos especiales.

La suspensión entra en vigencia a partir de la publicación de este decreto y hasta el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Esta suspensión no alcanzará a los plazos relativos a los trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria decretada.

Se faculta también a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24156 a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista.

Decreto 156/20 - Doble Indemnización Por Despido Sin Causa No Aplica Al Sector Público.

Entrando en Contexto: El Decreto N° 34/19, que declaró la Emergencia Pública en materia ocupacional por el término de 180 días, también estableció que, en caso de despido sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a percibir el Doble de la Indemnización que correspondiere según la legislación vigente.

Lo que trae a colación este nuevo Decreto, es que en el anterior, se aludió a la dinámica del Empleo Asalariado Registrado Privado, dejando claro que, extender sus alcances al ámbito del Sector Público Nacional, seria irrazonable.

Decreto en Cuestión: En base a todo lo anterior, queda claro que lo establecido en el Decreto N° 34/19, no es de aplicación para los organismos y entidades de:

• La Administración Nacional Centralizada y Descentralizada,
• Las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones,
• Los entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-.

Todo esto se aplica con independencia del Régimen Jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que integran el Sector Publico.